El avance en la infraestructura de la ciudad fue el
logro más sobresaliente de la administración del exalcalde Alejandro Char. Sin
embargo, la inseguridad fue su talón de Aquiles, convirtiéndose, de esta
manera, en una problemática social a la cual ha tenido que hacerle frente el
gobierno actual.
A pesar de los esfuerzos de la Alcaldía para contrarrestar el
fenómeno de la inseguridad, el problema no termina con la captura de quienes
cometen actos delictivos que atentan contra la tranquilidad de una población.
La situación, ahora, es mucho más complicada, pues son tantas las personas que
han sido arrestadas, que los centros carcelarios no son suficientes para la
demanda existente.
De hecho, esta problemática que se ha expandido por toda
Latinoamérica, se debe a que los administradores de los centros reclusorios,
aceptan más personal del que les permite su capacidad. Con respecto a esto, el
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que “las cárceles son
escasas y los reclusos son muchos, hecho que genera el problema de los
hacinamientos en los centros penitenciarios”.
El déficit de guardianes y los hacinamientos, considerados
como los puntos críticos de la actual crisis carcelaria que afronta el país, se
han convertido en una bomba de tiempo para la capital del Atlántico, situación
que ha puesto en el ojo del huracán al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, Inpec.
Uno de los hechos que más preocupa al Inpec es el poco
personal con el que cuenta el cuerpo de guardianes de esta entidad, debido al
presupuesto insuficiente que se destina para la contratación de estas personas.
Juan Carlos De Lima, director regional del Inpec – seccional norte, afirmó que la
escasez de trabajadores penitenciarios no solo es una problemática a nivel
regional sino a nivel nacional.
Según cifras proporcionadas por el Inpec, para la cárcel La
Modelo y El Bosque están asignadas 25 a 30 unidades de guardianes, pero, entre
todos, no sólo se debe velar por la custodia de 1.050 internos, sino que deben
estar pendientes de los traslados, entre otras actividades.
Junto a esta situación, se le suman las constantes denuncias que
los funcionarios del Inpec presentan ante la Defensoría del Pueblo debido a la
limitación de vehículos para el transporte de los reclusos. Milton Aníbal,
presidente seccional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) manifestó
que “no hay el suficiente personal de guardia para vigilar, no tenemos
vehículos ni herramientas para llevar a cabo nuestra labor. Estamos trasladando
internos a centros judiciales en vehículos particulares, hecho que pone en
riesgo la vida de los pocos guardianes con los que contamos”.
Por otra parte, la problemática de los hacinamientos,
como ocurre en otras cárceles del país, raya en lo inverosímil e infrahumano
para los detenidos y los propios guardianes. Cualquier lugar de las precarias
instalaciones se ha convertido en dormitorio y albergue para los detenidos. Los
baños, la recepción, los pasillos, entre otros sitios, han sido acondicionados
por los presos para dormir.
Esta
situación ha generado un descuido hacia los reclusos, pues no se les brinda la
debida atención en igualdad de condiciones. En efecto, tal como lo expuso el presidente
seccional de la UTP, este hecho ha resultado tan preocupante que existen varios
enfermos de gravedad dentro de los planteles penitenciarios sin recibir la
ayuda necesaria. “Presentamos una situación delicada, sobre todo en la penitenciaría
de El Bosque, donde existe una falta de atención, lo que llamamos una pandemia,
ya que hay varios reclusos con enfermedades como tuberculosis”, dijo Milton
Aníbal.
En
los centros penitenciarios hay detenidos con graves trastornos mentales. Cuadros
de esquizofrenia y paranoia, son algunos de los diagnósticos de estos
detenidos.
Por
su situación médica, muchos de ellos extremadamente agresivos y peligrosos, no
son recibidos en los otros establecimientos carcelarios por la falta de un
pabellón psiquiátrico dentro de éstos. Juan Carlos De Lima, director regional
del Inpec, expresó que “en la regional tenemos dieciséis establecimientos, pero
de estos, solo unos pocos tienen atención psiquiátrica”.
En Barranquilla, pese a que el Inpec ha generado distintas
propuestas para la solución del problema, estas son simples paños de agua tibia
que funcionarán a largo plazo. Además, estas propuestas deben ser escuchadas
por la Alcaldía de la ciudad y la Gobernación del Atlántico, sin embargo, no resultan
ser de interés para dichas entidades públicas, debido a la poca voluntad
política de las mismas.
Las distintas problemáticas a las que se enfrenta el
instituto, deben ser catalogadas como una emergencia carcelaria, puesto que
sería la manera más efectiva de llamar la atención del Estado para que tomen
las medidas necesarias en el asunto. “El Gobierno Nacional debería declarar
estado de emergencia para tener así todas las facultades, sobre todo
financieras, para utilizar mayores recursos que es parte de la solución de la
problemática, de lo contrario, el mismo Gobierno va a estar maniatado para la
consecución de esos recursos”, afirmó De Lima.
La falta de guardianes del Inpec y los hacinamientos en las
cárceles se han convertido en un severo problema social al que hay aplicarle
los correctivos lo más pronto posible. En condiciones normales, tratar
infinidades de personas de diferentes caracteres, es difícil. Ahora, además de
esas personas de diferentes caracteres, trabajar en una cárcel sobresaturada,
hace más complicada la tarea de los guardianes.
Por tanto, si esta grave situación no se soluciona de manera
pronta y oportuna, se podría desencadenar una crisis de disturbios y
enfrentamientos dentro de los planteles que, posiblemente, perjudicará a gran
parte del personal, tanto a guardianes como reclusos, que se encuentra dentro
de los establecimientos penitenciarios.
Trabajo realizado por lo estudiantes: JUAN DAVID BERMÚDEZ, YEELDIBETH BERMÚDEZ, KAREN GÓMEZ, ANA ISABEL LLINÁS y VANESSA MARTÍNEZ
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