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viernes, 8 de noviembre de 2013

FEMNICIDIO: UNA REALIDAD INVISIBLE PARA LA CONSTITUCIÓN

Dentro de la concepción de seguridad que se maneja dentro de la jerga costeña, se entiende por inseguridad todo acto delictivo que esté íntimamente relacionado con hurtos, asesinatos por extorciones, inseguridad vial y un sin número de situaciones que empañan la tranquilidad de los atlanticenses. Lo cierto es que se ha ignorado la situación de inseguridad en la que está inmersa la mujer costeña, siendo esta víctima de diferentes escenarios de violencias físicas, verbales, psicológicas y, en casos más extremos, despojándola de su vida.

Esta condición se ha visto ignorada muy seguramente por patrones culturales que, por generaciones, se han mantenido en la región caribeña, el patriarcado, haciendo que actos como estos queden en la ambigüedad de su anonimato o incluyéndolos dentro de la normalidad costumbrista de sus vidas.


En años anteriores, se creía que este flagelo solo tocaba las puertas de las familias con escasos recursos y se asumía que, por la precariedad del contexto en el que vivía, era que se propiciaban este tipo de situaciones. Para el año 2006, el caso de Lissette Ochoa Amador, quien  era la protagonista de los titulares nacionales luego de que su esposo Rafael Dangond, reconocido empresario de la élite barranquillera, le propiciara una golpiza a las afueras del Country Club.

Según Medicina Legal, para el 2009, Barranquilla presentó 824 casos de mujeres que fueron violentadas por sus compañeros, 103 homicidios por la misma causa; para el año 2010 fueron 34 mujeres asesinadas; en el 2011, esta cifra aumentó a 35; en el 2012, fueron 41 y en lo corrido del 2013, van 268 denuncias de violencia intrafamiliar y 39 casos de feminicidios

En los últimos tres años, los casos de feminicidios más repudiados han sido el de la barranquillera Clarena Acosta, reconocida diseñadora asesinada por su esposo Manuel Viñas, y el caso de Rosa Elvira Cely, quien fue sometida a un empalamiento (método de tortura utilizado en la edad media, en el que a la víctima se le era atravesado una estaca ya sea por la boca, vagina o recto).


Según una publicación de la Universidad Nacional, Colombia ocupa el tercer puesto en feminicidios a nivel latinoamericano; a nivel nacional, Bogotá ocupa el primer lugar, le sigue Medellín y, por último, Barranquilla, la Capital Americana de la Cultura. Aun con este panorama tan desalentador, el  estado no quiere apoyar el proyecto de ley llamado “Rosa Elvira Cely”  presentado por Isabel Agatón Santander, el cual tipifique como delito autónomo matar a una mujer por el hecho de serlo, sea en lo público o privado.  El gobierno colombiano se escuda en el hecho de que la ley ya ha establecido los artículos necesarios para proteger a la mujer, lo curioso de la situación es que cada día los indicadores de feminicidios aumentan, lo que indica que las medidas que se están tomando no son lo suficientemente severas para frenar este tipo de violencia. 

Annie Hooker y Damary Pizarro

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